¿Qué crisis de refugiados?

La universalidad de los derechos y el igual acceso a la justicia para todos

La noción de Equal Justice for All suele ser entendida como una aspiración, una idea regulativa básica en el ámbito jurídico. Pero podría ser entendida también como el equivalente a una condición previa, un prerrequisito sin el que no es posible sostener la idea, no menos regulativa, de la universalidad de los derechos, entendidos como tales derechos (legal rights) y no sólo como derechos morales (moral rights). Una condición para tomar los derechos en serio y no sólo como ideas guía que fácilmente caen en la descalificación que ya formulara Bentham, para quien, jurídicamente hablando, la afirmación de derechos universales sería a nonsense upon stilts (un disparate con zancos). La pretensión de derechos universales, la universalidad jurídica de los derechos, tomada en serio, no es sostenible sin la idea de una justicia igual para todos, esto es, sin la garantía de igual acceso a la justicia.

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Un test de para esa afirmación lo encontramos en la mal llamada crisis de refugiados. Es un error, una falacia diría más bien, denominarlos refugiados. La mayoría de ellos se quedan en la condición más genérica, más vulnerable de Asylum Seekers. Y, a decir verdad, lo grave es que ese limbo jurídico es el resultado al que apunta deliberadamente buena parte de las medidas que ha desplegado la política europea de asilo (común y sobre todo, la propia de los Estados miembros). Son políticas que niegan o, al menos, obstaculizan hasta su vaciamiento la condición de Urrecht atribuida al derecho de asilo, tal y como es enunciada sobre las bases de la reflexión de Hannah Arendt acerca de la condición de esos que insistimos en denominar refugiados, cuando la tragedia es que no llegan a serlo porque no queremos que lleguen a serlo.

Recordemos que, para la filósofa alemana, si algo define a los refugiados (insisto, a quienes aspiran a serlo, a quienes son Asylum Seekers) es que son seres humanos sin atributos, que no tienen otra cosa que tal condición original, porque han sido despojados de la dimensión de ciudadanos. En la situación de quienes buscan obtener refugio se evidencia pues, que la dicotomía entre derechos del hombre y derechos del ciudadano es pura retórica: ¿qué derechos tiene reconocidos aquel que no es sino sólo un ser humano? Ninguno, salvo que se les reconozca el asilo. Si se busca el reconocimiento como refugiados es porque el derecho de asilo o, al menos, la protección internacional subsidiaria, es la llave para alcanzar la condición de sujeto de derechos, esto es, el reconocimiento de su pretensión de obtener un acceso igual a la justicia.

Lo que me interesa subrayar es que ese no es un problema de millones de seres humanos desgraciados, que han tenido la mala suerte de nacer mal, de encontrarse en el lado salvaje. Porque la mal llamada crisis de los refugiados evidencia una crisis que nos afecta a todos. Vivimos en un momento particularmente duro en el acoso y derribo del proyecto del Estado de Derecho y aun del Estado democrático de Derecho. Podríamos añadir, de la frustración de la posibilidad de lo que Kant llamaría el Derecho cosmopolita, o, en términos más recientes, los de Ferrajoli, el desmentido de la posibilidad de universalización del Estado constitucional de Derecho. Si nos encontramos en esa situación es como consecuencia del avance de esa lógica brutal y compleja de expulsión que, al decir de Saskia Sassen caracterizaría nuestro momento histórico. Sassen sostiene que el grado actual de violencia (devenida en ordinaria) del capitalismo en su estadio global, se explica por esa lógica de expulsión, que es como deberíamos llamar a la lógica que preside la economía globalizada. Para Sassen, asistimos al final de la lógica inclusiva que ha gobernado la economía capitalista a partir de la Segunda Guerra Mundial y la afirmación de una nueva y peligrosa dinámica, la de la expulsión. Una lógica que hace culminar la contradicción ya advertida por Adam Ferguson en 1767 en su Ensayo sobre la sociedad civil, entre la lógica de lo público y la lógica del mercado o, por decirlo de otra manera, entre la lógica de la universalidad de los Derechos y la expansión del Estado de Derecho, y aquella otra del beneficio y la “mano invisible”, que postula el regreso al más radical hands-off del Derecho y los poderes públicos en el ámbito que reclama para sí (desrregulado), el mercado...

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Un estado de excepción permanente para los más vulnerables

La mal denominada por los europeos “crisis de refugiados”, es sólo un escenario más: el escenario de regateo, fragmentación y aun vaciamiento de los derechos, comenzando por el derecho de asilo, tal y como se ha hecho evidente en las inexistentes políticas de asilo de buena parte de los países de la UE y aun de la propia UE. El escenario de una disputa feroz por las migajas de los derechos humanos, por la respuesta a la pregunta ¿quién tiene derecho y por qué al reconocimiento y garantía eficaz de os derechos, a esa noción de Equal Justice for All. Quiero recordar algunos ejemplos.

Quizá el primer argumento es el que he presentado al comienzo de mi exposición. Se trata de algo tan evidente que, como en el juego que describió Poe en La Carta Robada, no somos capaces de distinguirlo: hablamos de refugiados pero, en realidad, nuestro designio es impedirles o, al menos, dificultarles enormemente que se les reconozca como tales. Cuando nos referimos a esos 65 millones de personas incluidos en las estadísticas del ACNUR, tendríamos que reconocer que son aspirantes o solicitantes de refugio, que huyen de su país y vagan por el mundo queriendo solicitar refugio, sin que se les deje ni eso. Algo que no es nuevo. La Unión Europea, sus Estados miembros, con alguna tan honrosa como rarísima excepción, lo han venido practicado con los inmigrantes, a los que hemos negado tal condición, imponiendo una construcción normativa (jurídica), de inmigrante que estrecha esa realidad y la niega. No queremos refugiados, ni siquiera demandante de refugio y asilo.

Son de hoy mismo las decisiones absolutamente irresponsables de los Gobiernos de Francia y del Reino Unido sobre el desmantelamiento de la Jungla de Calais, ese indigno campo donde se han hacinado inmigrantes y refugiados. En ese proceso de desmantelamiento, los menores no acompañados han visto laminados sus derechos, comenzando por el reconocimiento de que son sujetos autónomos cuyo interés jurídico debe ser considerado como preferente.

Pensemos, también, en la decisión del reciente Consejo Europeo de Bratislava, que enmarca las políticas de asilo en el ámbito de las políticas europeas de seguridad y defensa, por mor del mantenimiento de las fronteras exteriores (frente a qué enemigo?, frente a qué amenaza?) sin las que no subsiste el sistema Schengen.

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¿Qué decir del manifiesto y grosero incumplimiento de los standards internacionales del Derecho internacional de refugiados a lo largo de 2015 y 2016, con decisiones emblemáticas como el Acuerdo de marzo de 2016 entre la UE y Turquía, los procesos de deportación seguidos a consecuencia de este acuerdo, las malas prácticas de los hotspots para realizar el triage entre asylum seekers y los soi dissants ilegal migrants, la transformación de los centros de acogida de solicitantes de asilo en centros de internamiento (como el caso de Moria)? Quid del recurso a las armadas de la OTAN para el bloqueo del Egeo, o del evidente carácter militar de la operación EUNAVFOR-MED, mal rebautizada como “operación Sofia”? etc, etc

Como señalaba hace un momento, todo esto pone en evidencia que las políticas europeas de asilo forman parte de lo que Bauman y Agamben han denominado “industria del desecho humano”: un estado de suspensión del orden jurídico, ausencia de ley, desigualdad y exclusión social, que hace posible que mujeres y hombres pierdan su condición de ciudadanos, de seres políticos y su identidad, precisamente porque han traspasado las fronteras mismas del Estado-Nación.

La clave consiste en que la evolución de la aplicación del Derecho europeo de migración y asilo, convierte en regla la excepción, contraviniendo principios básicos del Estado de Derecho. Insisto en invocar lo señalado desde diferentes perspectivas por Danièle Lochak, Giorgio Agamben, Zygmunt Bauman y Catherine Withol der Wenden. Esa es la constante, a mi juicio, más destacable y criticable: el estado de excepción permanente que hemos creado para los inmigrantes y que recientemente estamos trasladando, contra toda evidencia del Derecho vigente, a los refugiados. De ese modo hemos negado la condición misma de inmigrante, una categoría universal, a la vez que hemos vaciado un derecho fundamental, el derecho a ser inmigrante, a escoger el propio plan de vida, a circular libremente, que es un corolario indiscutible del principio (por cierto, liberal) de autonomía. Pero rizando el rizo, estamos desproveyendo a los refugiados de un estatuto jurídico vigente, el propio del standard normativo vinculante que es la Convención de Ginebra de 1951, so pretexto de una “crisis” tan urgente como inabordable.

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Hemos creado políticas migratorias y de asilo, pues, que niegan su objeto, que lo deforman, lo sustituyen por una categoría vicaria: nos negamos a aceptar al inmigrante tout court y lo sustituimos por aquel que queremos recibir. Por eso, para nosotros, no todo el mundo tiene derecho a ser inmigrante, de forma que nuestra lógica inevitablemente produce inmigrantes “ilegales”, no-inmigrantes.

Bauman, en diálogo con Agamben, ha insistido una y otra vez en la interpretación de la regresión evolutiva que ha sufrido el modelo de Estado social de Derecho en los últimos 20 años. Como explica con gran agudeza en su ya mencionado Archipiélago de excepciones -en el que no es difícil advertir la impronta de Foucault-, se trata de un proceso que, por mor de la lógica de esta fase del capitalismo global, transforma a buena parte de los que fueron Estados sociales en Estados excluyentes, Estados policiales-penales. Se crean así no ya pequeños espacios de infra-Derecho, zonas de no-Law’s land, que escapan a la soberanía tradicional del Estado de Derecho y que se encuentran regidos por un estado de excepción permanente, sino toda una red global de esas islas, verdaderos archipiélagos de la excepción.

La metáfora del Archipiélago tiene como emblema, los campos de refugiados y los barrios de inmigrantes. En ellos se puede comprobar cómo, si los “Estados sociales” de Derecho en cierto modo son una reformulación o superación del modelo hobbessiano de legitimidad, por incremento de sus outputs (es decir, porque más allá de la garantía de la vida frente a la violencia extienden la seguridad, la certeza en el status de sus ciudadanos, que ya no son meros súbditos), los “Estados penal-policiales” privan a una parte de la población (entre la que se encuentran los que ocupan los márgenes del sistema, lo que fueron consideradas “clases peligrosas”) de esos <beneficios>, los reducen a la condición de precariedad y sólo pueden acudir a una vieja argucia para mantener su adhesión. Es la coartada del agresor externo o del enemigo interior, frente al cual defienden a todos sus ciudadanos, también a los que han golpeado y reducido a la precariedad. Ese recurso, viejo argumento de la lógica del miedo, es el que Bauman denomina “el oscuro espejismo de los otros”: inmigrantes y refugiados. Esos verdaderos “excedentes” de la mano de obra global, y en particular los dos grupos que ejemplifican las migraciones forzadas y que constituyen el emblema de lo que, en términos durísimos, denomina “desecho humano”, producto genuino de la lógica de esta fase del mercado global: los inmigrantes irregulares (mal llamados “ilegales”, que es la forma en que se conoce a los trabajadores extranjeros no expresamente deseados) y los refugiados.

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Insisto: “Uno de los resultados más letales del triunfo global de la modernidad es la acuciante crisis de la industria de tratamiento del desecho (humano)”, escribe Bauman. Esa es la razón por la que se ven despojados de todos los elementos de identidad, de los marcadores nacionales: no tienen Estado, no son necesarios/útiles, o han dejado de serlo, no tienen “papeles”. Los Estados de la UE, explica Bauman, no están dispuestos a recibir a esos <excedentes de otros Estados> y acuden al argumento de problemas de orden público, de seguridad y aun de defensa de la soberanía nacional-territorial. Se esgrime sin rubor el argumento de que son ejército de reserva de la delincuencia, de la violencia, del terrorismo. Eso es lo que, a su juicio, explica el inaceptable rechazo de los refugiados. Y así, concluye: “la basura no precisa de distinciones afinadas ni de matices sutiles, salvo que haya que clasificarla para su reciclaje”.

Lo que trato de decir es que la ignominiosa respuesta de los gobiernos europeos (peor incluso que la de las instituciones de la UE) ha de entenderse no sólo en los términos de la disputa por los medios para extender nuestros deberes a todos aquellos que son titulares de derechos, pero no son nacionales, sino que tiene una lectura, una interpretación más profunda. Como ha señalado entre nosotros acertadamente Itziar Ruiz Jiménez, habría que reconocer que a lo que asistimos hoy es a un desmantelamiento del ámbito de reconocimiento y garantía de los derechos y a una lucha feroz por recortar el ámbito de los sujetos del derecho a tener derechos, que son los indicadores más claros de esa paradoja hacia la que corremos el riesgo de encaminarnos y que expresaríamos con la fórmula democracias excluyentes. Primero, so pretexto de la crisis, se ha profundizado en la mercantilización de los derechos económicos, sociales y culturales, las conquistas del siglo XX, a los propios ciudadanos, a las clases más débiles y aun a la clase media a la que se ha pauperizado. Ahora se trata de reducir el ámbito de sujetos que pueden aspirar al reconocimiento mínimo de derechos humanos fundamentales. Esa es la batalla. En ella, las primeras víctimas son esos otros más visibles, los inmigrantes y los refugiados, expulsados de la condición de sujetos de derechos.

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El significado del vaciamiento del derecho de asilo

Al vaciar el derecho de asilo, vaciamos lo mejor del proyecto europeo, su carácter de una comunidad de Derecho, de respeto al Estado de Derecho, de la primacía del Derecho al servicio de la garantía de los derechos humanos. Estamos contribuyendo a resucitar lo peor de la historia europea, la construcción de un tópico aceptado acríticamente, el mensaje de que hay seres humanos que por determinadas condiciones no son igual de humanos que los demás (como advirtiera el genial Orwell a través del personaje del cerdo Napoleón en Animal Farm). Los inmigrantes irregulares, los refugiados, son el niño que tiramos con el agua sucia de nuestros miedos. Hemos decidido que no son, no pueden ni deben ser iguales en derechos. Los hemos estigmatizado, hasta el punto de hacer de los demandantes de refugio sujetos sospechosos, invirtiendo el mecanismo de presunción de inocencia y las bases mismas de la tradición jurídica del asilo. Hemos creado para ellos un estado de excepción permanente que, por otro lado, es perfectamente funcional al estadio de evolución del capitalismo global en el que vivimos, como han sabido señalar Saskia Sassen, Zygmunt Bauman, Daniéle Lochak o Giorgio Agamben y como insiste el, a mi juicio, poco original Zizek. Y así, nosotros, europeos, caminamos por la senda de una política, una antipolítica en realidad, que traspasa todas las líneas rojas de la democracia y del Estado de Derecho.

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Lo que trato de señalar es que no debemos seguir aceptando la falaz tesis de la “crisis de refugiados”, una mezcla de mentiras y errores de análisis que permiten una operación de “buena conciencia”: hablar de la “crisis de refugiados”, sostener que nos encontramos ante una encrucijada de lo humanitario y lo pragmático, que supondría asumir que nos encontramos ante el dilema de elegir entre el altruismo de ayudar a los desesperados del mundo, o sacrificar nuestra seguridad, como lo mostraría la crisis del sistema Schengen. O sea, que nuestro dilema es elegir entre derechos humanos de esos otros o nuestra seguridad. Esa falacia, cuyos supuestos fundamentos he tratado de analizar en otros trabajos, cumple una función perversa: evitar el esfuerzo crítico que debiera conducirnos a advertir el grave riesgo que se abre ante nosotros, la quiebra del Estado de Derecho, sin el que la democracia no es viable.

La conclusión no puede ser más preocupante: cuando habíamos avistado un futuro de ensanchamiento de la democracia, capaz de desanclar el reconocimiento de la plenitud de derechos de una condición etnocultural (la identidad nacional), abrazando así el modelo de democracia plural e inclusiva, sucede que nos asomamos de nuevo hacia una comunidad política basada en la institucionalización de amplias zonas de exclusión. Y eso no puede ser compatible ni con la democracia ni con el Estado de Derecho. De nuevo, habrá que recordar el lema de Heraclito: <un pueblo debe luchar por sus leyes como por sus murallas>. Pero este pueblo ya no es, ya no debería ser, la comunidad etnonacional que se encierra en la fortaleza, sino una comunidad de ciudadanos libres que quieren acoger, proteger, incluir bajo su espacio de seguridad, libertad y justicia, a los seres humanos que lo necesitan y que llegan hasta sus puertas.

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